El respetado representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick, describió su interpretación del fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, publicada por LA NACION días atrás y replicada con acierto por el canciller Rafael Bielsa en las mismas páginas. Como representante del sector privado, deseo adherir a esta respuesta.

En primer término, me parece que la interpretación norteamericana carece del equilibrio que cabe a esa gran nación, por cuanto atribuye las causas del fracaso a varios grupos de países y excluye las propias. Es como "ver la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio". En efecto, durante 45 años, desde 1947 hasta el fin de la Ronda Uruguay, la organización mundial trató y logró sólo la liberalización de productos industriales no agrícolas. Por ello, hoy estas manufacturas tienen aranceles protectores del 3% en las naciones desarrolladas.

Mientras ello ocurría así, se creó una monumental protección agrícola que alcanza en muchos productos y sus manufacturas a tarifas del 100 y del 200% sin que nadie se ruborice, con el aditamento de jugosos subsidios a la producción y la exportación. Mientras tanto, muchas naciones en desarrollo, entre ellas la Argentina, redujeron unilateralmente sus aranceles de importación. Otras no lo han hecho, y tal vez no lo hagan en la medida en que no exista un acuerdo más equilibrado.

Paso a paso, aunque demasiado lentamente, un crecido número de miembros de la organización -hoy son 148- fue profundizando su conocimiento sobre los cada vez más complejos textos de los acuerdos, que en un principio cabían en 30 carillas y hoy cubren 500, no siempre claros, y propicios para interpretaciones jurídicas y económicas divergentes. Ese conocimiento fue alimentando la convicción de que en algún momento había que cambiar el rumbo, y eso sucedió, por lo menos en dos grupos en Cancún.

Uno es el G-22, nuevo grupo con aspiraciones agrícolas, tema referido más arriba. Otro grupo resistió la incorporación de nuevos temas en el organismo internacional, propósito en parte ya concretado a propuesta de las naciones desarrolladas en la Rueda Uruguay. Se insertaron en esa ronda las reglas sobre servicios, cuestión sin duda propia del comercio internacional, y también la propiedad intelectual, tema de dudosa legitimidad para ello. Ahora, y por impulso de la Unión Europea, se pretendió incluir otros cuatro temas: la competencia, las compras gubernamentales, las reglas sobre inversiones y la facilitación aduanera. Se puede admitir que estas cuestiones están de una u otra forma vinculadas con el comercio, unas más que otras, como podría haber muchas más en el futuro, pero es obvio que son maneras impropias de inmiscuirse en las políticas internas de las naciones. La resistencia de este grupo fue finalmente el motivo de la ruptura del cónclave.

Si se interpreta que fue la retórica política contestataria la interferencia que impidió el acuerdo, se cae en un error, aunque el escenario se haya prestado para ello. Lo que ocurre es que un gran número de naciones quiso mostrar que no había disposición para seguir avalando intereses que no los favorecían.

Me parece también que EE.UU., que lideró en las últimas décadas la presión sobre la Unión Europea y Japón en favor de la liberalización de la agricultura, lleva ahora en sus alforjas el peso de su farm bill , una ley que aumentó los subsidios a su producción y les confirió un sesgo anticíclico, manifestaciones ambas de retroceso que, al decir de expertos, representan "una europeización" de su política agrícola. Llama la atención que la primera propuesta agrícola de EE.UU., tan inclinada en la buena senda, haya terminado en una proposición conjunta con la UE, de contenido bien diferente.

Costos para todos

La manifestación de Robert Zoellick, consistente en que su país pondrá rumbo hacia los acuerdos regionales y bilaterales, no es una novedad a la luz de la realidad, en la que se incluyen el Nafta, Israel, Líbano, el Caribe, Chile y negociaciones avanzadas con Australia, Singapur y América Central. En nuestro país y en el Mercosur existe disposición por la negociación en el ALCA, donde esperamos una disposición equilibrada.

Por cierto que no nos complace lo ocurrido en Cancún; sabemos que ello tiene un costo para todos, probablemente mucho más alto para los que menos tienen. Sin embargo, un costo probablemente mayor habría tenido seguir por una senda equivocada. No nos complace tampoco la intención de algunas naciones en desarrollo que impulsan la sanción de una cláusula de salvaguardia "todoterreno", para ser aplicada incluso entre ellas mismas.

Sin perjuicio de ello, nuestro país mantiene la actitud de negociación, como lo expresó la delegación oficial, sea para terminar en 2004 o más adelante. Esto ha sido ratificado por los representantes privados, acompañantes del sector público en Cancún, y aquí, en reuniones realizadas en diversos foros.

El autor es vicepresidente de la Cámara de Exportadores.