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En 1980 se adoptó la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que prohíbe o restringe el uso de armamentos que puedan considerarse excesivamente nocivos o de efectos indiscriminados. Brasil es parte de la Convención y de los cinco protocolos que la complementan:

  • Protocolo I – prohíbe el uso de armas cuya finalidad principal es la de herir a través de fragmentos no localizables;
  • Protocolo II – restringe el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos;
  • Protocolo III – disciplina el uso de armas incendiarias para evitar que afecten a la población civil;
  • Protocolo IV – prohíbe el empleo de armas láser cuya finalidad sea causar ceguera;
  • Protocolo V – establece el compromiso de la eliminación de los restos explosivos de guerra.

Brasil es también parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), en vigor desde 1999. Este tratado fue el resultado de una intensa movilización internacional en respuesta a las consecuencias humanitarias graves de las minas terrestres desplegadas en diversos conflictos en todo el mundo.

La lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras es una prioridad para Brasil, debido a su impacto en la seguridad pública. Entre las diversas iniciativas sobre este tema, se destaca el Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (UNPoA), establecido en julio de 2001 y del cual Brasil ha participado activamente.

El UNPoA prevé la adopción de medidas nacionales para prevenir y combatir el tráfico de armas pequeñas y ligeras. La participación de Brasil en ese foro se lleva a cabo en coordinación con el MERCOSUR y sus países asociados, grupo que ha defendido la necesidad de progreso en temas tales como el marcaje y rastreo de armas, el mantenimiento de registros, la gestión de stock, la inclusión de la munición dentro del alcance del programa y el tratamiento de la relación entre el tráfico de armas pequeñas y ligeras y la violencia armada.

La aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de abril 2013, ha sido un reciente e importante avance en el campo del control de armas convencionales. El Gobierno brasileño ha participado activamente en el proceso de negociación de dicho tratado, apoyando la creación de un instrumento jurídicamente vinculante que regule las transferencias internacionales de armas convencionales, con el fin de reducir la posibilidad de que dichas armas sean desviadas al mercado ilícito –evitando así que aporten a los conflictos internos y alimenten la violencia armada. El TCA exige que los Estados adopten medidas jurídicas y administrativas que incluyen listas nacionales de control de armas convencionales, municiones, partes y componentes. Brasil firmó el tratado el 3 de junio de 2013 y comenzó los procedimientos internos para su ratificación.

 

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