La Carta de la ONU prohíbe que los Estados usen la fuerza o amenacen emplearla contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado y establece que las controversias deben ser solucionadas por medios pacíficos y en conformidad con el Derecho Internacional. Se reconoce, por otro lado, el derecho de los Estados a la legítima defensa si son víctimas de un ataque armado, hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Sea cual fuere la situación en que exista un conflicto armado, las partes involucradas deben observar determinados límites. El Derecho Internacional Humanitario requiere, por ejemplo, que se haga una distinción entre combatientes y civiles. Además, prohíbe medios y métodos de combate que causen heridas superfluas o un sufrimiento innecesario y que causen daños graves o duraderos al medio ambiente.

En ese contexto más amplio se inserta el compromiso del Brasil con la eliminación de las armas de destrucción masiva (como las armas nucleares, químicas y biológicas), la prohibición o regulación de armamentos excesivamente dañosos y la prevención de una carrera armamentista en el espacio, entre otras acciones relacionadas con el desarme y el control de las armas.

Más recientemente, las negociaciones internacionales comenzaron a tratar también el control del comercio de armas convencionales debido a las implicancias que su tráfico puede tener para el fomento de conflictos armados y sobre la seguridad pública de los Estados –en particular, las armas pequeñas (que pueden ser operadas por sólo una persona, a ejemplo de los revólveres, pistolas semiautomáticas, escopetas, rifles y ametralladoras) y el armamento liviano (cuya operación exige más de una persona, como ametralladoras pesadas, lanzadores de granadas, armas antitanque portátiles y lanzadores de misiles).