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El Gobierno brasileño tomó conocimiento del comunicado de prensa divulgado hoy por relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas y derecho ambiental. Brasil considera infundada la afirmación de los relatores, según la cual "los derechos de los pueblos indígenas y el derecho ambiental están bajo ataque en Brasil". Los relatores hacen tal afirmación sobre la base de su lectura de un informe de una Comisión Parlamentaria de Investigación y de textos legislativos en curso en el Congreso Nacional.

Es de la esencia de las democracias que corresponda al Congreso la libre discusión de temas de interés de la sociedad. De la libre discusión en el Congreso de informes o incluso de proyectos de ley no se puede obtener inmediatamente la conclusión de que ellas reflejen, expresen o consoliden la opinión mayoritaria del Legislativo, del gobierno o de la sociedad como un todo. El gobierno considera, por lo tanto, sin fundamento e inadecuadas las ilaciones de que Brasil estaría considerando debilitar su legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de derecho ambiental.

El Gobierno brasileño recuerda que los más altos estándares de protección de los derechos humanos, especialmente con relación a pueblos indígenas, están asegurados en la Constitución Federal de 1988 y en los tratados internacionales de los que Brasil es parte.

El Gobierno subraya, además, que el debate libre en el marco del Congreso Nacional constituye una de las bases de la democracia brasileña. En el país, el Poder Judicial, fuerte e independiente, actúa como guardián de los derechos y valores previstos por la Constitución y el Ministerio Público, autónomo, acciona habitualmente la Justicia en caso de riesgos a derechos.

Entre los avances dignos de registro en materia de derechos de los pueblos indígenas sobresalen los hechos de que las tierras indígenas demarcadas corresponden hoy a casi el 13% del territorio nacional y de que la población indígena en Brasil ha crecido en las últimas décadas, llegando hoy a casi 1 millón de personas.

El gobierno brasileño mantiene una postura abierta y constructiva con respecto a los órganos internacionales y regionales de derechos humanos, reconocida y elogiada por el alto comisionado de las Naciones Unidas en la apertura de la 35ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado día 6, en Ginebra.

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