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Nota 

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El Gobierno brasileño repudia, en los más fuertes términos, el contenido desinformado y tendencioso del comunicado conjunto de prensa emitido hoy por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es sorprendente la leviandad con que el ACNUDH y la CIDH fantasiosamente quieren inducir a creer que Brasil no dispone de instituciones sólidas, dedicadas a la protección de los derechos humanos y basadas en el estado democrático de derecho. La nota se aparta de los principios que deben fundamentar la acción de esos órganos, entre los cuales el elemental respeto a la verdad de los hechos. En ningún momento los autores de la nota se preocuparon por la amenaza a la seguridad de funcionarios públicos y de manifestantes pacíficos sujetos a violencia sistemática y claramente premeditada. Los acontecimientos del último día 24 de mayo fueron contaminados por la acción organizada de criminales que depredaron los edificios de los Ministerios de Cultura, Hacienda, Planificación y Agricultura, incendiando algunos, poniendo en grave riesgo la integridad física de las personas. La pronta respuesta del Gobierno Federal, empezando por la retirada en seguridad de personas del área conflictiva, siempre amparada en la Constitución Federal y en los principios internacionales de defensa de los derechos humanos, garantizó la integridad física de miles de funcionarios públicos y de manifestantes pacíficos que se aterrorizaron por actos de vandalismo y agresión premeditada.

En una actitud que bordea la mala fe, la nota evoca episodio de violencia agraria en el sur de Pará, que no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado día 24 y que, además, ya está siendo averiguado por la autoridad competente en el marco de la legislación brasileña. De la misma forma, el Gobierno brasileño lamenta que la acción de las autoridades de São Paulo, que tampoco guarda relación con lo ocurrido en Brasilia, sea capitalizada por la nota, cínicamente y fuera de contexto, para fines políticos inconfesables. La lucha contra el tráfico de drogas, así como el apoyo a dependientes químicos, da lugar a la máxima seriedad, que es la marca de las reconocidas políticas públicas brasileñas en el enfrentamiento al problema mundial de las drogas.

El Gobierno brasileño actúa amparado en la Constitución Federal y de acuerdo con los principios internacionales de protección a los derechos humanos. Es sorprendente y condenable que una nota subjetiva y distante de la realidad sacrifique el compromiso de seriedad e imparcialidad de organismos internacionales cuya acción Brasil apoya y promueve.


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